La inclusión de la violencia obstétrica en la ley de salud sexual y reproductiva
El Ministerio de Igualdad del Gobierno de España y el Instituto de las Mujeres han lanzado una propuesta de modificación de la ley de salud sexual y reproductiva que recoge la inclusión de la violencia obstétrica, a fin de que esta sea contemplada en el marco jurídico y que puedan emprenderse acciones legales en los casos donde esta violencia sea identificada.
A lo largo de las últimas semanas se ha conocido la propuesta de reforma de la ley de salud sexual y reproductiva presentada por el Ministerio de Igualdad del Gobierno de España y el Instituto de las Mujeres. Esta propuesta pretender hacer modificaciones en cuanto a la interrupción voluntaria del embarazo e incorporar en ella la violencia obstétrica.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la salud sexual y reproductiva no es solamente la ausencia de enfermedad, sino que va más allá de eso, se trata de un estado de bienestar físico, emocional, mental y social en relación a todos los aspectos de la sexualidad y la reproducción. La materialización de la salud sexual y reproductiva en las mujeres se observa en los derechos sexuales (los cuales incluyen la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y libres de coacción, tener acceso a servicios de información y cuidados relacionados con la sexualidad y no ser mutiladas genitalmente, entre otras) y reproductivos (como son la oportunidad de escoger si se desea o no tener descendencia, la posibilidad de acceder a servicios de contracepción, tener acceso a los servicios de aborto seguro, el derecho a no ser esterilizadas de manera forzosa y a tener una atención del embarazo, parto y posparto de calidad, etc.). Por lo tanto, sin disponer de dichos derechos no es posible garantizar la salud sexual y reproductiva de las mujeres.
Durante los últimos tiempos la OMS ha hecho referencia más de una vez a la violencia obstétrica, la cual se define como la presencia de un trato humillante y discriminatorio a las mujeres durante el embarazo, parto y posparto por parte del personal sanitario, motivo por el que ha elaborado documentos y guías de eliminación y prevención de este fenómeno. Son muchas las quejas y reivindicaciones hechas con la finalidad de eliminar la violencia obstétrica, las cuales se pueden enmarcar en los derechos sexuales y reproductivos. Además, la violencia obstétrica es un tipo de violencia de género, lo que significa que la intimidad, dignidad y libertad de expresión de las mujeres queda comprometida. Así mismo, teniendo en cuenta la gravedad de este acontecimiento, es extremadamente necesario visibilizar la violencia obstétrica y ofrecer una respuesta a nivel jurídico, tal y como ya se hizo anteriormente con la mutilación genital femenina.
Ya en 2019, la relatora Especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer presentó el informe “Enfoque basado en los derechos humanos del maltrato y la violencia contra la mujer e los servicios de salud reproductiva, con especial hincapié en la atención al parto y la violencia obstétrica”, donde se presentó por primera vez en el marco del derecho internacional de los derechos humanos los tratos deshumanizados, degradantes y dolorosos a los que se enfrentan muchas mujeres en todo el mundo de manera sistemática.
Del mismo modo, hace un año, el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), emitió un dictamen en el que se especificaban los malos tratos recibidos por una mujer durante su parto, alegando que se le habían practicado procedimientos injustificados sin su conocimiento ni autorización. Por este motivo, el CEDAW determinó que el estado español debía, además de indemnizar a la víctima, crear y aplicar una serie de políticas orientadas a erradicar la violencia obstétrica.
A partir de toda la evidencia presentada en este escrito, se puede decir que la propuesta de modificación de la ley de salud sexual y reproductiva es una necesidad. Otros países como Venezuela, Argentina o México ya contemplan este tipo de violencia a nivel jurídico para que se emprendan las acciones legales cuando sea necesario. Visibilizar la violencia obstétrica va en consonancia con el marco jurídico del derecho internacional de los derechos humanos, con las recomendaciones de la ONU y con las luchas sociales y feministas por los derechos humanos y de las mujeres en cuanto a su salud sexual y reproductiva.
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