Violencia obstétrica en España: percepción de las mujeres y diferencias interterritoriales
Investigadoras de la Universitat Jaume I (Castellón de la Plana, España) y del Hospital do Salneés (Pontevedra, España) han presentado un estudio en el que analizan el estado de la violencia obstétrica en España y los factores que la sostienen. Casi un 40% de las mujeres refieren haber sido víctimas de violencia obstétrica, mientras que al 83% no se les pidió el consentimiento informado en ningún momento del embarazo, parto o puerperio.
¿Qué es la violencia obstétrica?
Actualmente no existe un consenso a nivel mundial sobre la definición de violencia obstétrica. En España, el Observatorio de violencia obstétrica, define este tipo de violencia como “el acto de ignorar la autoridad y la autonomía que las mujeres tienen sobre su sexualidad, sus cuerpos, sus bebés y sus expectativas de embarazo y parto […], así como obviar la espontaneidad, posturas, ritmos y tiempos que el trabajo de parto requiere para desarrollarse con normalidad. También incluye el desprecio de las necesidades emocionales de la madre y del bebé en cualquier momento de la gestación, el parto y el puerperio”.
En esta línea, en 2014, la Organización Mundial de la Salud (OMS), define qué tipos de tratamientos ofensivos representan una falta de respeto, los cuales incluyen abuso físico, abuso verbal y humillación profunda, procedimientos médicos no consentidos o coercitivos, ausencia de confidencialidad, no estar completamente informada de los procedimientos, rechazo a dar medicaciones para disminuir el dolor, violación grave de la privacidad, complicaciones evitables que ponen en peligro la vida de la mujer y del bebé, y la separación de la madre y del recién nacido.
Partiendo de esta base, los tipos de violencia obstétrica más detectados en la literatura disponible, son los que hacen referencia a la violencia verbal, física y sexual, la discriminación social, negligencias en el cuidado de la díada madre-bebé y la aplicación de procedimientos y técnicas inapropiadas. Entre las características estructurales de este tipo de violencia se encuentra que los/as profesionales que la ejercen no suelen ser conscientes de que llevan a cabo este tipo de actuaciones, lo que puede llevar a normalizarlas Otro factor que es necesario tener en mente es la violencia institucional, la cual hace referencia a cuando las instituciones no proporcionan la cantidad suficiente de recursos humanos y materiales para poder ofrecer la atención necesaria durante los partos. La violencia obstétricas e entiende como un concepto limítrofe con factores políticos y legales, ya que la violencia obstétrica también supone que las mujeres no puedan disponer del tiempo suficiente de baja por maternidad para atender las necesidades físicas y emocionales de sus bebés. Además, aunque lo desearan, tampoco pueden ofrecer lactancia materna exclusiva a sus bebés durante los seis primeros meses de vida, tal y cómo recomiendan la OMS y UNICEF. Dentro de este marco de actuación, en el que no abundan las políticas reguladoras, es necesario hacer modificaciones en el mundo laboral para que este pueda adaptarse a las necesidades de las mujeres durante el embarazo y la crianza, a fin de facilitar la conciliación trabajo-familia.
Sistema sanitario y atención a la maternidad
La meta de cualquier sistema sanitario es mejorar el estado de salud de la población. En España, la ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional Sanitario (SNS) autorizó en 2003 la descentralización del sistema sanitario a favor de las Comunidades Autónomas (CC.AA). Dicha descentralización del SNS puede tener repercusiones directas sobre la atención a la salud sexual y reproductiva de la mujer, asunto que ha sido el centro de atención durante décadas. No obstante, a pesar de que se ha dado esta descentralización, las Guías de práctica Clínica para diferentes condiciones médicas, siguen siendo elaboradas por el Ministerio de Sanidad del Gobierno central.
La unificación de los criterios de actuación, incluso considerando la descentralización del sistema sanitario, ha mostrado resultados positivos en EE.UU. En cambio, en España no se han podido identificar estudios que evidencien la variabilidad de la práctica clínica en relación a la maternidad y la violencia obstétrica después de que el SNS se haya descentralizado. Es por esto que el presente estudio tiene como objetivo visibilizar la presencia de violencia obstétrica como un criterio de equidad interterritorial.
La metodología
Se trata de un estudio descriptivo, retrospectivo y transversal desarrollado entre enero de 2018 y junio de 2019. Durante este período de tiempo en España se implementaron las Guías de Práctica Clínica sobre la Atención al Parto Normal. La muestra estuvo formada por 17.541 mujeres atendidas en hospitales españoles públicos y privados que fueron atendidas por un parto natural, por una cesárea o por una pérdida perinatal. Como criterios de exclusión se consideraron los siguientes: dar a luz en casa o en un hospital fuera de España y no completar el 80% o más del cuestionario que se les administró. Cabe destacar que se descartaron los cuestionarios de las participantes de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, ya que no eran representativos de la muestra, así como los de las participantes que no indicaron la provincia.
Las principales variables del estudio fueron la provincia y CC.AA a la que las mujeres pertenecían cuando estaban embarazadas, dieron a luz y pasaron el puerperio. Las otras variables fueron la atención médica recibida, el apoyo percibido de las instituciones sanitarias durante el embarazo, el parto y los derechos durante el puerperio y la lactancia, la información recibida durante el proceso experimentado, críticas sobre el comportamiento de las instituciones sanitarias, ser tratada con diminutivos infantiles, incapacidad de resolver dudas o miedos, intervenciones innecesarias, respeto del plan de parto, apoyo a la lactancia y percepción de haber sufrido violencia obstétrica. Finalmente, se añadieron preguntas acerca de la pérdida gestacional y el apoyo recibido en caso de ser apropiado, y la opinión global de las mujeres sobre la atención sanitaria recibida.
Los resultados
El presente estudio ha analizado la presencia de violencia obstétrica en España como un criterio de equidad interterritorial. Para poder hacerlo, ha clasificado a las 17 CC.AA en cinco grupos diferentes según el nivel de violencia obstétrica reportado por las mujeres de la muestra.
El primer hallazgo relevante pone de manifiesto que el 38% de las mujeres del estudio aseguran haber sido víctimas de violencia obstétrica durante el embarazo, el parto o el puerperio. A pesar de que no existe literatura que indique resultados parecidos a los obtenidos por mujeres españolas, existen otros estudios que indican la proporción de violencia obstétrica en países como Etiopía con un 75%, Brasil con un 18,3% o India con un 28,8%. Las diferencias entre estos resultados pueden deberse a las diferencias en el tamaño de las muestras, así como a las discrepancias en los instrumentos utilizados para evaluar este tipo de violencia. No obstante, existe un estudio llevado a cabo con mujeres italianas que concluyó que la proporción de mujeres víctimas de violencia obstétrica era del 21,2%. La notable disminución en este porcentaje en comparación con los otros países mencionados puede deberse a que Italia presenta similitudes a nivel socioeconómico y geográfico con España. Sin embargo, el alto porcentaje obtenido en España no es un dato sorprendente ya que, durante los últimos años, las Naciones Unidas han instado a España a luchar contra la violencia obstétrica.
En cuanto a la sanidad privada en España, diferentes reportes sugieren que sus protocolos son más obsoletos, con una menos humanización del parto y con más atención sobre los aspectos físicos del parto que sobre los emocionales y psicológicos. Es más, las ratios de intervenciones llevadas a cabo durante el trabajo de parto en los centros privados (como el parto inducido o instrumentalizado y la práctica de cesáreas), puede llegar a triplicar el número de intervenciones llevadas a cabo en la sanidad pública. En esta línea, hace 10 años el Ministerio de Sanidad instó a los centros privados a proporcionar datos más transparentes sobre los indicadores de intervenciones durante el parto, a parte del número de cesáreas. Estos datos aún no se han proporcionado, por lo que no es de extrañar que en el contexto privado se puedan encontrar más prácticas relativas a la violencia obstétrica.
Respecto el apoyo a los derechos de las mujeres que estas perciben por parte de las instituciones, un 67,9% consideran que no se apoya suficientemente o no se promueven los derechos de las mujeres durante el embarazo, el parto, el puerperio o la lactancia. Diversos trabajos apoyan la idea de que la violencia obstétrica es una vulneración de los derechos humanos y un grave problema de salud pública. Más específicamente, la violencia obstétrica viola el derecho a la salud, intimidad, no discriminación, no violencia y no tortura, entre otros. En Europa, la legislación sobre la violencia obstétrica sigue siendo una tarea pendiente, por lo que resulta necesario empoderar a las mujeres más vulnerables a ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, así como a ofrecer herramientas para poder luchar contra las acciones socialmente aceptadas y no visibilizadas.
Otro resultado que llama la atención es que un tercio de las mujeres consideran que han sido criticadas por su comportamiento y tratadas con diminutivos infantiles. Además, a la mitad de ellas les ha resultado imposible resolver dudas acerca del proceso por el que estaban pasando o verbalizar sus preocupaciones o miedos. Estos resultados van en consonancia con los obtenidos en otros estudios, en los que se pone de manifiesto que estas mujeres acaban aceptando pasar por procedimientos sin poder expresar sus deseos o dudas. Ofrecer información a las mujeres y obtener su consentimiento informado, parece que son prácticas poco habituales en la atención sanitaria. En este sentido vale la pena puntualizar que la dimensión estructural de la violencia obstétrica parece más tangible en esta variable porque en las CC.AA en las que la ratio de violencia obstétrica es menor, la información y el consentimiento informado no se dan en más del 40% de los casos.
Finalmente, en relación al apoyo percibido durante el posparto y la lactancia, los hallazgos indican que el grupo de CC.AA en el que se da menos violencia obstétrica, presenta mayor apoyo a la lactancia. La Rioja es la CC.AA con la tasa más baja de violencia obstétrica y en la que se ha observado que a pesar de que el apoyo a la lactancia se inicia con la misma intensidad que en otras CC.AA, a los seis meses es la única comunidad que muestra un porcentaje de lactancia materna muy superior al del resto de comunidades. Estos resultados deberían servir a las organizaciones a cargo de las políticas de salud pública para reflejar las ventajas de la lactancia materna, ya que este es un aspecto fundamental de la salud materno-infantil, además de que debería ser considerado como parte de la salud sexual y reproductiva de las mujeres.
A modo de conclusión
Según los hallazgos reportados, parece ser que España presenta un serio problema de salud pública y respeto a los derechos humanos que se vulneran con la violencia obstétrica. Para cambiar esta situación, se debe continuar implementando protocolos de actuación actualizados y formación de calidad para los profesionales sanitarios, así como mayor transparencia en las políticas que contribuyen a ofrecer datos reales sobre cómo son tratadas las mujeres en estos centros. También es necesario pedir el consentimiento informado de las mujeres que van a dar a luz, ya que muchas de ellas se sienten completamente dominadas por el sistema sanitario, por las autoridades científicas y por la autoridad patriarcal de la violencia estructural.
Enlace utilizado para la elaboración de la noticia:
Mena-Tudela, D., Iglesias-Casás, S., González-Chordá, V.M., Cervera-Gasch, A., Andreu-Pejó, L. & Valero-Chilleron, M.J. (2020). Obstetric Violence in Spain (Part I): Women’s Perception and Interterritorial Differences. International Journal of Environmental Research and Public Helath, 17(21), 7726. doi: 10.3390/ijerph17217726