La COVID-19 como factor de riesgo para la violencia obstétrica
Un artículo publicado en la revista Sexual and Reproductive Health Matters expone cómo la pandemia por COVID-19 puede ser un factor de riesgo para la violencia obstétrica, lo que pone de manifiesto la fragilidad de los derechos de las mujeres y de los bebés.
La aparición del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 ha obligado a todos los sistemas sanitarios del mundo a adaptarse muy rápidamente a los efectos de esta nueva infección, sin ser una excepción los servicios y unidades de maternidad. Durante los últimos años el abuso y la falta de respeto hacia las mujeres que dan a luz ha estado en el punto de mira de los problemas de salud pública. La violencia obstétrica se define como una forma de violencia de género validada y perpetuada por los sistemas biomédicos.
Recientemente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido una serie de recomendaciones no solo para garantizar un parto libre de abusos, sino también para hacer que la vivencia del parto sea de una gran calidad y valor para la madre. No obstante, desde que se declaró el estado de alarma por la pandemia de la COVID-19, en muchos hospitales y centros de maternidad todas estas recomendaciones han sido vulneradas. En esta misma línea cabe destacar que algunas de las restricciones implementadas durante el estado de alarma no han sido indicadas ni respaldadas por la evidencia científica, además de no ser respetuosas con los derechos de las mujeres y de no contribuir a frenar la expansión del virus. Esta serie de intervenciones contribuyen al mantenimiento de la violencia obstétrica y a la realización de intervenciones médicas sin el consentimiento de la mujer, como las cesáreas o los partos instrumentalizados, la prohibición del acompañamiento durante el parto, la separación inmediata del bebé de la madre o la evitación de la lactancia materna.
Un buen ejemplo de este hecho es el procedente de los primeros informes y estudios realizados con gestantes en China. En un trabajo en el que se incluyeron 108 casos de mujeres embarazadas que habían dado positivo por COVID-19, el 92% de ellas tuvieron a su hijo/a por cesárea. Para justificar dicha decisión se argumentó que se hizo con la finalidad de evitar el estrés fetal, aunque en los estudios revisados no se especifica la causa de este estrés fetal. De hecho, es muy probable que la gran mayoría de partos fueran susceptibles de parto vaginal, lo que lleva a pensar que este procedimiento es evitable en gran medida.
A principios de marzo, un documento elaborado por Favre et al., sugirió que, dentro de la medida de lo posible, las gestantes infectadas por SARS-CoV-2 debían dar a luz por un parto vaginal, con eventual instrumentalización en caso de que la mujer esté agotada. La instrumentalización del parto es preferible a la cesárea, la cual puede provocar complicaciones quirúrgicas. A pesar de que no se ha descrito transmisión vertical de la COVID-19 durante el embarazo, este mismo documento y el Center for Disease Cntrol and Prevention de EE.UU, recomendaron el aislamiento del bebé durante catorce días tras el parto y la evitación de la lactancia materna si la madre daba positivo por la infección SARS-CoV-2.
Todas las anteriores recomendaciones pueden ser potencialmente dañinas para las madres y los recién nacidos. Existe una amplia evidencia que indica que los partos instrumentalizados y las cesáreas son considerados factores de riesgo para el desarrollo de depresión posnatal y Trastorno por Estrés Pos-traumático (TEPT). Del mismo modo, el aislamiento del bebé y la evitación de la lactancia materna pueden interferir con la protección inmunológica innata y con el aporte nutricional del bebé, además de dificultar el proporcionar los cuidados necesarios por parte del sistema sanitario a la madre y al recién nacido al estar separados.
Las guías de práctica clínica (GPC) de la OMS reconocen los riesgos mencionados anteriormente, por lo que en ellas se recomienda que tanto las gestantes con sospecha de COVID-19 como las que son un caso confirmado de estar infectadas tengan una atención respetuosa. Además, en las GPC se especifica que el tipo de parto debe ser individualizado y la cesárea solamente debe ser practicada en casos que estén médicamente justificados. Después de dar a luz la mujer debe poder realizar el contacto piel con piel con su hijo/a, estar en la misma habitación que el recién nacido y realizar la lactancia materna, incluso con aquellos bebés que son un caso sospechoso o confirmado de COVID-19 (con las medidas de protección pertinentes).
A pesar de estas recomendaciones de la OMS, los derechos de las mujeres y sus hijos/as han sido infringidos. Las prácticas de aislamiento del bebé y la ausencia de lactancia materna solamente deben ser aplicadas cuando la condición clínica de la madre debido a la infección por SARS-CoV-2 sea muy grave. Por esto, es fundamental dar con un modo de prevenir el contagio madre-bebé que al mismo tiempo evite causar daños a las madres y bebés.
Países como Chile y España amoldaron rápidamente sus protocolos hospitalarios a las indicaciones dictadas por la OMS. No obstante, las entidades en pro de la salud mental materna y de la salud reproductiva y de la mujer siguen percibiendo prácticas consideradas violencia obstétrica. Entre ellas, el uso de técnicas para acelerar el parto (a través de la inducción artificial de oxitocina), la prohibición de tener acompañamiento durante el parto o no poder escoger el tipo de parto y tener que realizar obligatoriamente una cesárea.
Estas prácticas, además de no estar basadas en la evidencia, en la mayoría de los casos no son estrictamente necesarias, lo que hace que sean irrespetuosas con los derechos de las mujeres y de los bebés. Son procedimientos potencialmente dañinos que además causan estrés y miedo.
Por lo tanto, en el contexto de la pandemia de COVID-19, muchas mujeres no sólo tienen miedo de contagiarse por SARS-CoV-2 y que esto pueda tener un efecto pernicioso para la salud del bebé, sino que además se pueden ver obligadas a pasar por prácticas obstétricas y medidas de separación de la díada madre-bebé que pueden causar efectos negativos sobre la salud mental de la madre y del bebé a corto y a largo plazo.